Extienden el período de investigación de Dina Boluarte por su presunta participación en delitos.

La jefa de gobierno está siendo examinada en relación con los supuestos cargos de genocidio y homicidio agravado. Además, en el expediente también figuran los nombres de Alberto Otárola, Jorge Chávez y Vicente Romero.

A punto de expirar el plazo inicial, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, emitió una orden hoy para prolongar la investigación preliminar abierta contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra otros implicados, por los crímenes ocurridos durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. Esta extensión abarcará ocho meses.

La misma determinación se aplicó a los demás sujetos bajo investigación, incluyendo al primer ministro Alberto Otárola, el ex primer ministro Pedro Angulo Arana, el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el ministro del Interior Vicente Romero Fernández, y los ex ministros de la misma cartera César Cervantes y Víctor Rojas Herrera.

Todos ellos se enfrentan a una investigación por supuestos delitos contra la humanidad, en la modalidad de genocidio, además de acusaciones relacionadas con la vida, el cuerpo y la salud, específicamente homicidio calificado.

Entre las próximas diligencias se incluye la toma de declaraciones de 27 familiares de las víctimas, así como de 241 heridos y 27 testigos, que incluyen funcionarios y servidores públicos. También se planea ampliar el testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, quien afirmó que Dina Boluarte estaba al tanto de las acciones militares durante las protestas.

El abogado Juan José Quispe destacó la importancia de esta extensión, especialmente en el contexto de las declaraciones de Manuel Gómez de la Torre y César Cervantes, quienes afirmaron que Dina Boluarte y Alberto Otárola se reunían diariamente durante un período específico en diciembre de 2022, mientras ocupaban sus respectivos cargos.