Corte IDH: Perú a no llevar a cabo la decisión del TC que ordena la liberación de Alberto Fujimori.

Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CIDH, emite medidas urgentes y aconseja al Estado que suspenda la aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional hasta que se evalúe su conformidad con las condiciones establecidas en abril de 2022.

Frente a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dispone la liberación inmediata de Alberto Fujimori, condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emite una medida urgente solicitando al Estado peruano que no aplique la decisión hasta evaluar su conformidad con las condiciones establecidas en abril de 2022.

El líder principal de la Corte IDH tomó esta medida para asegurar que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quienes fueron asesinadas por el Destacamento del Ejército Colina y por las cuales el exmandatario fue condenado como autor mediato, tengan garantizado su derecho de acceso a la justicia.

En un documento de seis páginas, previamente comunicado al Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicita que este se abstenga de llevar a cabo la orden del Tribunal Constitucional del Perú del 4 de diciembre de 2023, que dispuso la 'inmediata libertad' de Alberto Fujimori Fujimori. Esto se debe a que la Corte Interamericana requiere disponer de todos los elementos necesarios para evaluar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en su resolución del 7 de abril de 2022.

En abril del año anterior, la Corte IDH emitió una resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento, destacando que los casos Barrios Altos y La Cantuta representan violaciones graves a los derechos humanos. Se señaló que el Tribunal Constitucional no evaluó la compatibilidad del indulto humanitario a Fujimori con los estándares previamente establecidos en una resolución de mayo de 2018. En consecuencia, la Corte instruye al Estado a abstenerse de implementarlo "en cumplimiento de sus obligaciones convencionales".

Igualmente, la Corte IDH hace hincapié al Estado peruano que en sus fallos previos se le indicó que debe "cumplir con la obligación de investigar, enjuiciar y, si es necesario, sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos" en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

La decisión del presidente de la Corte IDH se produjo como respuesta a la solicitud de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta, representados por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Estos informaron sobre la decisión del Tribunal Constitucional en una clara desobediencia a la instancia supranacional, que en su totalidad deberá evaluar si se cumplen las condiciones para un indulto humanitario.